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Acceso al programa formativo de la UE. Mecanismo europeo de Protección Civil

Curso de "Perito Judicial en Protección Civil y Emergencias" por la Universidad de Salamanca

La formación de calidad es uno de nuestros valores fundamentales. Desde hace varios años colaboramos estrechamente con la Universidad de Salamanca, aportando experiencia y profesionalidad a contenidos que en su mayoría se ofertan en esta prestigiosa universidad a través de su departamento de Ciencias de la Seguridad. Para el curso 2015/2016 han diseñado una serie de cursos destinados a completar la formación de los peritos judiciales en temas tan diversos y necesarios como la Protección Civil y Emergencias, incendios y accidentes de tráfico entre otros. Contenidos nuevos en áreas importantes y necesarias para el día en el ámbito de la investigación judicial y pericial.
Los miembros de ANEPPCE cuentan con precios de matrícula especiales.

El proceso de inscripción e información se puede obtener en el siguiente enlace: http://campus.usal.es/~cise/nuestros-estudios/

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Curso práctico sobre grandes aglomeraciones humanas

En los últimos años estamos prestando una especial atención desde la asocación al análisis y la formación de las medidas que pueden aplicarse durante las grandes aglomeraciones humanas. Es fácil recordar situaciones graves con víctimas en todo el mundo. Una vez más programamos este un curso eminentemente práctico del 2 al 4 de junio de 2017 en la bella localidad de Hospital de Órbigo (León) aprovechando la celebración de las "Justas Medivales" (los días 3 y 4 de junio), un importante evento donde los voluntarios podrán desarrollar y ejecutar "in situ" las lecciones aprendidas y podremos aportar y cooperar con la seguridad de los actos.

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Las Justas Mediavales, declaradas de interés turístico es una de las representaciones más importantes y arraigadas que se celebraban en Castilla y León. Miles de personas acuden a disfrutar de las actividades programadas en un pequeño municipio que ocupa una posición privilegiada en el Camino de Santiago. Año tras año este curso y nuestra participación activa en las Justas suponen un interesante punto de encuentro y convivenci con agrupaciones de Protección Civil y profesionales de las emergencias de toda España.

La manutención y el alojamiento (con las condiciones que se reflejan en el documento adjunto) es gratuita. La fecha límite de inscripción es el 22 de mayo.

Como siempre, responderemos a vuestras dudas y recibiremos las peticiones en el mail:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Día internacional de la Protección Civil 2017

Como cada año desde ANEPPCE y siguiendo las recomendaciones de la ICDO (International Civil Defence Organization), de la que somos miembros, hemos organizado una jornada para dar reconocimiento y visibilidad a la importante labor que realizan los más de 22.000 miembros de Protección Civil que hay en nuestro país. Aunque la fecha oficial del Día Internacional de la Protección Civil es el 1 de marzo nuestra jornada las hemos programado para el día 25 de marzo y el lugar que acogerá este encuentro será Morata de Tajuña (Madrid).

El programa incluye la demostración y uso de drones para operaciones rescate, la inauguración del nuevo rocódromo de Morata de Tajuña con ejercicios de rescate vertical, orientación y un taller de introducción a los riesgos de NRBQ.

Recomendamos a las agrupaciones y personas que quieran asistir que vayan cumplimentando y remitiendo la hoja de inscripción ya que las plazas son limitadas. El alojamiento, las actividades y el almuerzo del día 25 de marzo es gratuito. La fecha límite de inscripción es el 17 de marzo.

Será un buen momento, y lugar para encontrarnos, aprender, y confraternizar con agrupaciones y personas de todos los rincones del país. 

Os esperamos. 

 

 

 

Firmado un convenio específico de colaboración con la Universidad de Málaga

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El acuerdo permitirá la realización de cursos de postgrado y actividades formativas relacionadas con las emergencias y la Protección Civil. La Universidad de Málaga tiene la Cátedra de Emergencias más antigua de España y cumple este año, al igual que nosotros, su décimo aniversario.

Intercambio de expertos y formación en Europa

Como asociación conveniada a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en ANEPPCE hemos recibido información completa sobre un interesante programa de la Unión Europea para la formación y el intercambio de expertos en Protección Civil. La iniciativa europea, en la que participa el gobierno español a través de la Comisión Europea y de la "European Civil Protection" contempla, en líneas generales, la puesta en marcha de un programa europeo de formación hasta el año 2016, con entre 37 y 46 cursos al año, un millar de plazas y hasta 3,6 millones de euros anuales.

La comunicación en situación de catástrofes o de emergencia y la nueva Ley 17 2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

ALÍA PLANA, José Miguel (Doctor en Periodismo)
IBÁÑEZ PEIRÓ, Ángel (Doctor en Comunicación Social)
 




Un sistema de gestión de catástrofes y emergencias eficaz debe abordar la respuesta a estas situaciones desde el empleo de tres dispositivos, distintos pero complementarios: la estructura de dirección de la respuesta a la emergencia; un adecuado sistema de transmisión de datos; y una estructura eficaz de gestión de la Información/comunicación a la población.

De las dos primeras se trata con profusión en el marco legal de la protección civil, y los poderes públicos han puesto todo su empeño y esfuerzo social para que, permanentemente, se estuviese en disposición de afrontar una situación calamitosa con los medios materiales y humanos adecuados. Pero respecto a la tercera, señalamos que aunque en países como, por ejemplo, Estados Unidos (después del huracán Katrina), la información a la población es considerada como imprescindible para conseguir que un sistema de emergencias sea eficaz en su respuesta, en España no ha suscitado el interés ni la consideración que merece y que sería deseable.

Para la Administración, las funciones públicas de informar y de proporcionar seguridad a la población son mandatos constitucionales que se complementan, a fin de aumentar la autoprotección y la resiliencia de la población. En el artículo 4.3. de la Ley 2/1985 sobre protección civil de forma nítida se le encomendaba a la Administración la siguiente misión:

“…lograr la comprensión y la participación de toda la población en las tareas propias de la protección civil, de las que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos activos y beneficiarios. Comprensión social y participación que, en todos los países, ha requerido tiempo y que, en última instancia, debe ser el resultado de una permanente movilización de la conciencia ciudadana y de la solidaridad social”.

Este mandato se reforzaba cuando se incidía en el asunto:

“Los poderes públicos promoverán actividades que sensibilicen a la población a cerca de las responsabilidades públicas en materia de protección civil”.

Lo anterior se refiere a lo que podemos denominar “propaganda blanca”, realizada mediante campañas de persuasión para aumentar la resiliencia de la población. Ahora bien, apenas podíamos contar con más herramientas legales al respecto, la “topografía normativa”, los “mapas legales” de los que disponíamos eran muy escasos, las herramientas teóricas, inexistentes. En efecto, durante casi treinta años, la ingeniaría social a la que la Ley hacía referencia, y autorizaba, solo se puso en práctica para riesgos derivados de emergencias radiológicas, y ello como resultado de la Directiva 89/618/Euratom, por la cual se obligaba a los Estados de la Unión Europea a difundir la denominada “información previa a la población”. El esfuerzo administrativo había sido, pues, muy parco, y las estructuras creadas ad hoc, de escasísima musculatura. Aunque durante los últimos cuatro años la normativa comenzó a contemplar la inclusión de planes de comunicación de emergencia en algunos riesgos, como por ejemplo, los sísmicos, no ha habido ninguna iniciativa que, de forma contundente, considere la importancia de la información a la población en estas situaciones. Sirva de demostración el paupérrimo escenario de inversiones llevadas a cabo en sustento de una política pública informativa de esta naturaleza. Los datos publicados en el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional de 2014, ponen a la luz pública que la Administración no ha hecho ningún gasto en los objetivos e) y f), determinados el artículo 3 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, cuyo tenor literal es el siguiente:

Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios”.

“Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural”.

Ello pone de manifiesto la poca importancia que se le ha dado al asunto, situación que el legislador parece ha querido paliar en la normativa más reciente.La nueva Ley 17 2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su punto 2 de su Preámbulo, trata de cubrir estas carencias al establecer que:

“…todos los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre los riesgos colectivos importantes que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos, a recomendar conductas para prevenirlos y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias, que se configura también como un derecho. (…) Todos los planes de protección civil deberán establecer programas de información preventiva y de alerta para garantizar el entrenamiento permanente de los servicios intervinientes en las emergencias, de los afectados por ellas y de los medios de comunicación, en su caso.”

Aparte de esta declaración formal, la verdadera novedad en esta materia es la referencia que se hace en el artículo 6 al derecho a la información, pues, sin descubrir nada nuevo, recuerda que la Administración está obligada a cumplir con la función pública de informar:

“1. Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos.

2. Dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes.”

No obstante, también hay que decir que si con este artículo, mediante la información, se atiende a la función pública de proporcionar seguridad a la población que se pueda ver afectada por un riesgo, parece ser que el legislador, nuevamente, no le da la importancia que se merece al cumplimiento del mandato constitucional relativo al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos para conocer los hechos relacionados con las emergencias o catástrofes, aunque no estén afectados directamente por la crisis. La Administración está obligada a ejercer un periodismo de fuentes; deber que sin embargo no se tiene presente en este texto legal. En efecto, apenas se alude al asunto tímidamente en el artículo 18, al declinar esta responsabilidad en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil encomendándole las funciones de:

“c) Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias y evaluar la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección civil.”

“f) Canalizar la información que deberán proporcionar los ciudadanos y las entidades públicas y privadas en los términos establecidos en esta ley.”

Estas tareas son más propias del Gabinete de Comunicación Dirección General de Protección Civil y Emergencias, según se desprende del punto 2 del citado artículo, según el cual…

“Las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil se encuadran en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias”.

La gran novedad de esta ley, con respecto a la gestión de informar al público, es la creación de un “Fondo de Prevención de Emergencias” que, entre otras actividades, podrá financiar acciones preventivas, tales como “programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos” (ver el artículo 11).

Por último, es sabido que cuando se produce un hecho catastrófico, los primeros momentos suelen ser vitales para proteger y poner a salvo a la población afectada. Esta Ley subraya que la cultura preventiva sobre situaciones de riesgos es fundamental a la hora de dar una adecuada respuesta, cuando los riesgos pueden producir sucesos catastróficos. Pero, nuevamente, no se trata debidamente la gestión de la información en tales situaciones pues, como ha quedado patente en otros países, es la mejor herramienta para conseguir la autoprotección y la resiliencia de la población afectada.

Si bien la nueva ley pretende modernizar el sistema español de protección civil, debería haber prestado más atención a los asuntos de información pública, pues la regulación actual es parca y, nos tememos, alicorta.


Noviembre de 2015

La UE impulsa programas de Protección Civil

El pasado día 11 de febrero la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior organizó una jornada a la que asistimos invitados y en la que detalló la estregia de la Unión Europea en materia de Protección Civil. Este encuentro, que se realiza anualmente en las instalaciones de la Escuela Nacional, nos permite conocer los proyectos y también constatar que la administración europea destina cada vez más recursos y programas destinados a introducir la prevención en las políticas comunes, fortalecer la resiliencia de las comunidades y fomentar los vículos y la cooperación entre países y organizaciones. Entre las iniciativas que la UE continúa impulsando se encuentra el "intercambio de expertos" con países de la ribera del Mediterráneo o fronterizos de Europa y la apertura de subvenciones para proyectos relacionados con la Protección Civil.

A la jornada asistieron responsables de Protección Civil de las comunidades autónomas, gestores de emergencias, de la DGPC, y de los ministerios de Interior y Defensa.

 

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Protocolo de colaboración con la Junta de Castilla y León para dar formación a voluntarios

El pasado mes de julio ANEPCCE firmó un nuevo convenio de colaboración para mejorar la formación de los voluntarios de Protección Civil. En esta ocasión el acuerdo es con la Junta de Castila y León. La firma del convenio contó con la presencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y establece entre sus objetivos principales desarrollar una formación "adecuada y de calidad, en materia de protección civil, para los más de 2.200 miembros de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de Protección Civil con los que cuenta Castilla y León, adaptado a las necesidades ciudadanas y a las posibilidad tecnológicas de cada momento".

Desde ANEPCCE apostamos siempre por la formación de calidad para quienes forman parte del sistema nacional de Protección Civil y fomentamos la colaboración activa con administraciones públicas, universidades y empresas para alcanzar este objetivo. En el caso de la comunidad de Castilla y León los vínculos son especialmente cordiales y constantes ya que la asociación se fundó y mantiene su sede en esta comunidad.

Fotografía: Comunicación Junta Castilla y León.

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Una veintena de especialistas en las I Jornadas de Psicología aplicada a urgencias y emergencias

Del 25 al 27 de septiembre Madrid será el escenario de las "I Jornadas de Psicología aplicada a urgencias y emergencias", un encuentro multidisciplinar que concentrará a los mejores expertos de varios países que debatirán y aportarán experiencia y conocimientos sobre ocho temas centrales. Además su asistencia permite la obtención de créditos de formación continuada.

Por su interés y la utilidad que en la gestión de emergencias pueden aportar los contenidos de esta convocatoria ANEPPCE recomienda las jornadas y ha llegado a un acuerdo con la organización para que sus socios puedan obtener un descuento del 40% en la cuota de inscripción.

Información completa sobre las jornadas: http://congresos.institutodeseguridadglobal.com/

El código de descuento (que aparece en las imágenes de este artículo) deberá introducirse en el proceso de inscripción.

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